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  • 31 Ago 2011

    La neolengua de Cospedal

    Uno de los términos de la neolengua creada por Orwell en 1984 es negroblanco, que define la actitud de quienes sostienen contra toda evidencia que lo negro es blanco. Pues bien, Cospedal se apuntó ayer al negroblanco con gran brillantez: a un programa de recortes que destruirá miles de empleos, especialmente en educación y sanidad, el Gobierno manchego lo ha bautizado como “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos”.

    Como el negroblanco siempre introduce cierta confusión, quizá sea bueno empezar por lo obvio: si se produce un recorte de 391 millones en costes de personal y se ahorran 247 millones al suspender cualquier nueva infraestructura, la consecuencia es que se destruye empleo. Se podrá discutir si son los 15.000 puestos de trabajo de los que habla el PSOE, o si son la mitad, pero empleo destruye. Y resulta que, durante los dos últimos años, Cospedal declaró prácticamente todos los días que “la mejor política social es crear empleo”. Así que, salvo los hablantes de la neolengua, los demás deberán concluir que la presidenta manchega está apostando por la peor política social.

    Pero hay más negroblanco. Dado que el 75% de los empleados públicos de Castilla-La Mancha trabaja en la sanidad o la educación, ¿es posible que el ajuste no afecte a estos sectores? Evidentemente no, como reconoce el “plan de garantía” al calcular un ahorro de 137 millones en “optimización del gasto del personal docente”.

    Eso sí, hay una cosa que debemos agradecer a Cospedal: que haya anunciado que su plan es el modelo del PP para toda España.

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  • 31 Ago 2011

    Consenso menguante

    Aunque algunos intentan despachar el debate sobre el referéndum calificándolo de “ruido innecesario”, lo cierto es que la ausencia de una consulta sobre la reforma constitucional es un serio problema formal, añadido al error de fondo de constitucionalizar dogmas ultraliberales. Y es un grave problema porque impide a los ciudadanos pronunciarse sobre una modificación relevante en la ley que regula la convivencia de los españoles; o sea, en su contrato social. Pero no es el único. Hay otra segunda cuestión de gran relevancia: los cambios en la Carta Magna cuentan con menor consenso que el logrado en 1978, cuando se elaboró.

    Entonces, participaron en su aprobación el PCE (ahora IU) y CiU, además de PSOE, UCD y una parte de AP (sí, una parte, porque algunos de los que ahora piden pruebas de pureza constitucional a los demás, entonces no lo tenían tan claro). En cambio, la votación de ayer deja fuera del consenso a Izquierda Unida y a CiU, y el portavoz de los nacionalistas catalanes insistió ayer con vehemencia en la “ruptura del consenso constitucional” que supone esta reforma.

    Cuando Rubalcaba asumió el mando de la negociación por parte socialista, marcó dos objetivos: evitar que figurase una cifra de déficit en la Constitución y lograr un consenso más allá del pacto entre PSOE y PP. El primero lo ha conseguido, pero el segundo parece hoy imposible. El vicepresidente Chaves pidió ayer “generosidad” a CiU para sumarse a la reforma, pero estaría bien que explicase si el Gobierno tiene algo que ofrecer a los discrepantes o si se trata de un simple trágala.

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  • 29 Ago 2011

    Atrapados

    Los socialistas están atrapados en una ratonera. Han decidido asumir que tienen que aprobar la reforma constitucional porque la situación económica es muy grave, pero al mismo tiempo creen que ni Zapatero ni Rubalcaba pueden lanzar públicamente ese mensaje. La consecuencia es que sus explicaciones son muy difíciles de entender: apoyan una medida excepcional –reformar la Constitución sin debate, con unas Cortes agotadas, con un consenso menor que el de 1978 y sin referéndum–, pero no aportan argumentos excepcionales que pudieran justificar tal decisión.

    Un ejemplo paradigmático lo protagonizó ayer el número tres del PSOE, Marcelino Iglesias, cuando defendió que celebrar un referéndum “crearía más incertidumbre a aquellos a quienes queremos transmitir certidumbre”. Pero la pregunta entonces es obvia: ¿Acaso la certidumbre de los especuladores debe prevalecer sobre la opinión del “pueblo español”, en quien “reside la soberanía nacional”?

    Es indudable que la intervención de Rubalcaba ha suavizado el pacto inicial entre Zapatero y Rajoy, al evitar que la cifra del límite de déficit figure en la Constitución. Y que también tiene razón al reprocharle al presidente que tomara la decisión sin consultar al PSOE. Sin embargo, Rubalcaba también está atrapado en la misma ratonera. Y es que, si Zapatero hizo mal al no consultar al partido, ¿no hace mal el partido al no consultar a los ciudadanos?

    Y lo más tremendo de todo es que, a los mercados, la dichosa reforma constitucional muy probablemente les importa un bledo.

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  • 29 Ago 2011

    Una reforma fiscal completa

    El PSOE llevará en su programa electoral una propuesta para subir los impuestos a los ricos y el PP, siempre tan cuidadoso en asuntos crematísticos, prefiere que sean las grandes fortunas quienes se ofrezcan a pagar más (siguiendo el modelo francés). La verdad es que los datos de recaudación fiscal en España son demoledores: en los últimos 15 años, el tipo efectivo de IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa menos de un10% por sus beneficios y el gravamen a las rentas de capital (un 21% como máximo) es inferior al de las rentas de trabajo (un 24% como mínimo).

    Con este panorama, queda claro que el problema de ingresos que tiene la Hacienda española no se soluciona con retoques más o menos cosméticos. Por supuesto que es necesaria la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, que ahora prometen los socialistas, después de haberlo quitado al grito de “bajar impuestos es de izquierdas”. Bienvenida sea la rectificación, desde luego, pero lo que realmente se necesita es una reforma fiscal completa con dos objetivos: poner fin a la debilidad recaudatoria de Hacienda y recuperar el principio de progresividad en el pago de los tributos.

    Hay que convertir la lucha contra el fraude fiscal en una prioridad, hay que revisar las decenas de bonificaciones ahora existentes, hay que recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio y hay que evitar que el Impuesto sobre Sucesiones sea una quimera que nadie abona. Ahí sí que tienen los partidos un enorme terreno para cultivar votos.

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  • 28 Ago 2011

    Una Constitución de otro siglo

    La sociedad española de 1978 y la actual tienen, por fortuna, muy poco que ver. Era aquel un país ahormado por 40 años de dictadura, donde las mujeres eran ciudadanas de segunda, no existían derechos individuales y colectivos que ahora consideramos elementales (desde el divorcio a la libertad de prensa o el uso normalizado de las lenguas catalana, gallega y vasca), la Iglesia católica y el Ejército eran verdaderos poderes fácticos reacios a desprenderse de su ideología franquista y muchos dirigentes peleaban por cumplir el deseo del dictador que pensó que dejaba todo “atado y bien atado”. En esas condiciones se elaboró la Carta Magna, así que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que el texto constitucional se ha quedado desfasado en aspectos clave.

    Hay que destacar, no obstante, que esta Constitución ha servido para que los españoles hayamos vivido el mayor periodo de paz  y democracia de la historia, además de disfrutar de un crecimiento económico impensable hace tres décadas. Por tanto, cabe concluir que los legisladores de entonces tuvieron la sagacidad de diseñar un marco suficientemente flexible para conseguir esos logros.

    No se trata, por tanto, de hacer una enmienda a la totalidad. Pero 33 años de experiencia y de transformaciones sociales son suficientes para que haya llegado el momento de plantear una reforma en serio de la Constitución. Una reforma que aborde asuntos fundamentales y no temas que se pueden solucionar mediante una ley orgánica, como la decisión de limitar el déficit público.

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  • 26 Ago 2011

    Preferencias

    El ministro de Trabajo soltó ayer una de esas obviedades que se convierten inevitablemente en titulares: “El Gobierno prefiere un trabajador temporal a un parado”, aseguró Valeriano Gómez. ¿Y quién no? Lo inaceptable es la diabólica alternativa, que obliga a elegir entre un mal mayor (más de 4,8 millones de desempleados) y un mal menor (más de 3,7 millones de trabajadores con contrato temporal, lo que equivale al 24% del total).

    Valeriano Gómez trataba de justificar la nueva reforma laboral aprobada ayer por el Gobierno, que amplía de dos a cuatro años el plazo permitido para encadenar contratos temporales. Es la enésima rendición ante las exigencias del poder económico de desregular el mercado laboral y reducir los derechos de los trabajadores. Y lo más sangrante es que encima no tiene el efecto deseado. Si todas las medidas adoptadas durante los últimos 15 meses, que abaratan el despido y fomentan el trabajo temporal, hubieran servido para crear empleo de forma clara, seguro que habrían tenido más defensores. Pero es que estamos ante un escenario clásico: sin barcos y sin honra.

    Los empresarios tienen decenas de modalidades de contrato para crear empleo. Ese no es el problema, como se demostró antes de la crisis, cuando la tasa de paro rozó el 8% con una normativa laboral más rígida que ahora. Si no crean más puestos de trabajo es porque tienen el grifo del crédito cerrado y porque el consumo está parado, lo que estrangula la economía del país. La solución es actuar en esos dos ámbitos y no seguir empeorando la calidad del empleo.

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  • 26 Ago 2011

    Un vodevil

    La reforma constitucional ha derivado en un vodevil. El martes había que lanzar un contundente mensaje a los mercados para evitar el rescate de España, el miércoles Rubalcaba dio un puñetazo en la mesa y asumió la negociación por parte socialista para evitar que el rescatado sea el PSOE y el jueves los dos partidos mayoritarios decidieron que la reforma exprés ideada para fijar un límite de déficit en realidad no hace falta que incluya un límite de déficit… concreto. ¿Y entonces para qué se necesita cambiar la Constitución? Puestos a incluir declaraciones de buenas intenciones, quizá podrían haber recuperado la Carta Magna de 1812, que obligaba a los españoles a ser “justos y benéficos”.

    El primer disparate es, desde luego, aceptar que la voracidad de los mercados es razón suficiente para poner en marcha una reforma constitucional sin debate, sin consenso y aprobada por unas Cortes prácticamente en funciones.

    El segundo disparate es el intento de consagrar en la Constitución un corsé ideológico neocon, que no es precisamente una verdad revelada. Economistas de diversas escuelas defienden la necesidad de que el Estado apueste por medidas contracíclicas, algo que dificulta la
    imposición de un límite de déficit demasiado estricto.

    El último disparate, en fin, es imponer la reforma sin referéndum. Es una decisión legal, faltaría más, pero desacertada desde la óptica de la calidad democrática. Toda reforma importante de la Constitución debe ser aprobada por los ciudadanos. Así de sencillo.

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  • 21 Ago 2011

    Trabas poco democráticas

    La letra pequeña de la última reforma de la Ley Electoral contiene sorpresas desagradables. Una de ellas es la exigencia, a todos los partidos que no tienen actualmente representación en las Cortes, de recoger las firmas del 0,1% de los electores de cada circunscripción para poder presentarse a los comicios. Por si fuera poco, se prohíbe que un mismo ciudadano avale a más de un partido y las firmas hay que recogerlas en un plazo de 20 días.

    Se han utilizado dos argumentos para defender esta reforma. El primero es de índole económica: hay que recortar el gasto. Parece dudoso que se vaya a disparar el déficit por la impresión de papeletas electorales. Pero si así fuera, sus señorías habrían metido la tijera en uno de los pocos lugares que deberían ser intocables. Cuando crece en la sociedad la idea de que los políticos están alejados de los electores, hay que adoptar medidas que amplíen los cauces de participación ciudadana, y esta reforma electoral hace justo lo contrario.

    La segunda razón es que la reforma busca “salir al paso de prácticas no admisibles desde la perspectiva de la seriedad del procedimiento electoral”, según se indica en el propio texto legal. Como no las especifica, resulta imposible saber exactamente a qué se refiere, pero podría aludir a los partidos que se presentan con el único fin de lograr el censo para comerciar luego con él. Pero, en todo caso, la respuesta a esas prácticas fraudulentas habrá que darla en el Código Penal y el castigo debe aplicarse a quien cometa la infracción, en vez de poner trabas poco democráticas al derecho de sufragio pasivo de todos los españoles.

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  • 21 Ago 2011

    Algunas reflexiones sobre la JMJ

    Ahora que ha terminado la movidita semana de la JMJ, quizá se puedan hacer algunas reflexiones (mejorables y ampliables, por supuesto):

    1. No tiene sentido plantear el debate sobre la JMJ en términos económicos. Es evidente que el saldo para Madrid será positivo, por el consumo de cientos de miles de personas y por la publicidad que supone para la ciudad organizar un evento masivo de este tipo.

    2. Otra cosa es la utilización de dinero público a mayor gloria de la JMJ. En ese sentido, se le han concedido privilegios que carecen de precedentes: por ejemplo, la rebaja del 80% en el abono transporte, coincidiendo para más inri con la subida de un 50% del precio del billete del Metro para el común de los mortales. Lo mismo cabe decir de la cesión gratuita de edificios públicos, especialmente colegios.

    3. Los católicos, por supuesto, tienen derecho a montar actos públicos. Como cualquier otra asociación. Eso sí, se podría haber organizado la JMJ de forma que generase menos molestias a los ciudadanos, ya que los cortes de tráfico en el centro de Madrid han sido desproporcionados. Los actos en Cuatro Vientos, en cambio, han provocado menos inconvenientes a la mayoría.

    4. Los discursos del Papa han sido más respetuosos que en la visita anterior. Ha evitado manipular la historia (como hizo el año pasado con sus alusiones a la República) y también ha evitado referencias a la política interna española. Es cierto que puede causar asombro escuchar al líder de un Estado teocrático quejarse de los “totalitarismos políticos”, por poner sólo un ejemplo, pero en general se ha dedicado a repetir la doctrina conocida de la Iglesia. No creo que nos podamos rasgar las vestiduras porque critique el aborto o defienda su concepto de familia, siempre que no se empeñe en imponernos sus creencias. Es realmente la Iglesia católica quien debería preocuparse por su ideología en materia sexual o familiar, porque la aleja de muchos ciudadanos.

    5. La capacidad de movilización de la Iglesia es enorme. Sin embargo, al menos en Europa, eso no se transforma en un apoyo social creciente. Al revés. La JMJ de Santiago en 1989 también reunió a cientos de miles de personas, y desde entonces el declive del catolicismo en España se ha acelerado. Seguro que la jerarquía católica se pregunta por qué no es capaz de convertir esa capacidad de movilización en “frutos permanentes”. Quizá tenga algo que ver el hecho de que los espectáculos mediáticos, todos, se agotan cada vez de forma más rápida.

    6. La sumisión institucional del Gobierno, que debería velar por la España aconfesional de la que habla la Constitución, ha sido lamentable. Especialmente vergonzoso ha sido que Zapatero haya ido a la Nunciatura, en vez de recibir al Papa en Moncloa. ¿Y qué decir de la cobertura de TVE? No recuerdo precedentes de tal ocupación de la parrilla televisiva por un único acontecimiento.

    7. La derecha mediática ha mostrado una vez más sus vergüenzas. Algunos espectáculos son ciertamente jocosos. Mis preferidos son tres: los vómitos permanentes contra las protestas laicas, al lado de decenas de páginas dedicadas a proclamar un supuesto mensaje católico de perdón y amor al prójimo; la capacidad de combinar decenas de artículos de alta beatería con anuncios de prostitución subidos de tono, y el empeño en destacar lo “limpios” que son los peregrinos mientras en las calles de Madrid se iban acumulando toneladas y toneladas de basura (como es lógico, claro, en cualquier concentración masiva).

    8. La Delegación del Gobierno actuó de forma irresponsable el día de la primera manifestación laica. Durante las dos horas de la marcha, no debería haber dejado entrar a ningún peregrino en Sol, para evitar la coincidencia de ambos grupos. Dado que los principales lugares del centro de Madrid han estado a disposición de la JMJ durante días, no parece que pudiera molestar a nadie que Sol estuviera cortado durante dos horas para facilitar el normal desarrollo de la manifestación laica.

    9. Son intolerables los insultos producidos entre ambos grupos. Y también me desagradan profundamente los insultos al Papa llamándole “nazi”. Al final de la II Guerra Mundial, miles de chavales que no tenían ideología alguna se apuntaron a las Juventudes Hitlerianas para defender a su país. El problema de Ratzinger no es lo que hizo en los años cuarenta. Y hay que recordar que en los años del Concilio Vaticano II fue un teólogo claramente progresista. Lo que se puede criticar es su actuación al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe (Inquisición) o algunos de los mensajes que lanza ahora como Papa.

    10. Pese al griterio de la derechona, intentando criminalizar a cualquier discrepante, no soy consciente de que se haya producido ninguna agresión a los peregrinos. Sí amenazas e insultos, totalmente rechazables, porque todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas libremente. Pero no consta que ningún peregrino haya presentado una denuncia o que se haya difundido algún vídeo que muestre agresiones. En cambio, manifestantes laicos han sido golpeados salvajemente por algunos policías.

    11. El único detenido por planear un ataque ha sido un ultracatólico mexicano. No he escuchado ni una palabra de condena a todos esos dirigentes del PP que se han dedicado a insultar a los laicos.

    12. El Ministerio del Interior tiene la obligación de realizar una investigación seria, imparcial y rápida sobre las agresiones de algunos policías a manifestantes y castigar de forma ejemplar a los neonazis que se hayan infiltrado en las fuerzas de seguridad.

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  • 20 Ago 2011

    Diputaciones inútiles

    El primer gran debate de la precampaña electoral está siendo el de la reforma territorial, centrado en el papel de las diputaciones, organismos que Alfredo Pérez Rubalcaba plantea suprimir o reducir sensiblemente. En sintonía con su actuación durante los últimos siete años, el PP se opone. Eso sí, según ha declarado su secretaria general, “más bien pronto”, la derecha informará a los ciudadanos sobre sus planes. Sólo cabe esperar que el plazo “más bien pronto” sea menor de 90 días, para que el feliz acontecimiento de conocer las propuestas del PP se produzca antes del 20-N.

    Las diputaciones son entidades totalmente caducas (salvo en Euskadi, donde el régimen foral les otorga múltiples competencias), que en la mayoría de los casos se han convertido en auténticas agencias de colocación de amigos o familiares, gobierne el PSOE o el PP. Y los argumentos que ofrecen sus defensores son ciertamente endebles: unos afirman que su existencia se incluye en la Constitución, otros que los pequeños municipios no podrían ofrecer servicios básicos esenciales sin las diputaciones. Lo primero es un impedimento fácil de solucionar: cámbiese la Constitución, ¿o acaso alguien pretende llegar al siglo XXII con la Carta Magna de 1978? Y lo segundo es mentira, como se demuestra en las autonomías uniprovinciales, que no tienen diputaciones y cuyos pequeños municipios siguen funcionando.

    En todo caso, la reforma territorial es un debate de una gran importancia en un país como España, que debe abordarse de forma sosegada y buscando el mayor consenso posible.

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