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  • 18 Jul 2011

    Una reforma para terminar con la injusticia electoral

    Aunque sistemas electorales los hay para todos los gustos, es indiscutible que unos son más justos que otros. Y el elemento clave en términos de justicia es la proporcionalidad. Si un partido obtiene el 30% de los votos, parece razonable que tenga el 30% de los escaños. Sin embargo, esto no ocurre así ahora ni en el Congreso de los Diputados ni en los 17 Parlamentos autonómicos. Lo que sucede con la normativa electoral española es que PSOE y PP reciben de forma sistemática una prima de escaños en relación con el número de sufragios, mientras que Izquierda Unida (y en menor medida UPyD) sale claramente perjudicada.

    La situación es especialmente escandalosa si nos fijamos en las seis comunidades que tienen un gobierno con mayoría absoluta, a pesar de que el partido ganador no obtuvo la mitad más uno de los votos en los comicios. La voluntad de los ciudadanos de no otorgar una mayoría absoluta se ve así burlada por la magia de las fórmulas utilizadas para repartir escaños. Una situación que debe cambiar cuanto antes.

    El sistema electoral alemán es quizá el que logra unos resultados más proporcionales. Puede, por tanto, servir perfectamente de modelo para España. Y no tienen sentido algunos temores, como los expresados por CIU, en el sentido de que serviría para laminar a los nacionalistas. En Alemania, si un partido logra tres o más mandatos directos, ya entra en el reparto de escaños del Land correspondiente. Algo que los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos o canarios podrían conseguir sin grandes dificultades.

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  • 15 Jul 2011

    Mentiras, delitos y saqueo del erario

    Los hechos justiciables son los siguientes: una banda de mangantes, que tenían como representante en Valencia a un tipo conocido como el Bigotes, recibió casi siete millones de euros del erario de la Generalitat a través de la empresa Orange Market. Los chorizos le regalaron trajes, zapatos y otras prendas de vestir al president Francisco Camps y a otros tres altos cargos “para ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas”, según consta en el auto de apertura de juicio. Y como explica el juez Flors, “no es necesario razonar mucho para entender” que el hecho de contar con el favor del presidente de una comunidad “puede ser de una influencia determinante” en las relaciones con la administración autonómica.

    Los hechos morales son los siguientes: Camps es un sujeto que mintió con reiteración y alevosía al afirmar que él se pagaba los trajes; Camps es un individuo que llamaba “amiguito del alma” al mencionado el Bigotes y Camps es un político que dedicó parte de su tiempo a abrir las puertas y las arcas de la Generalitat a los corruptos.

    Los hechos políticos son los siguientes: Mariano Rajoy y toda la cúpula del PP, que saben perfectamente la verdad desde hace dos años, se han dedicado a proteger a un político que ha entregado siete millones del erario valenciano a una banda de mangantes.

    Todos estos hechos sólo pueden tener una consecuencia: Camps debe dimitir de forma inmediata y Rajoy debe explicar por qué se ha dedicado a defender a un presunto delincuente.

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  • 07 Jul 2011

    El que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer

    El caso de la declaración de la renta de Javier Arenas empieza a ser cómico: el dirigente del PP andaluz va sembrando Sevilla con copias de sus ingresos, pero no hay forma de saber cuánto gana. El martes entregó los datos en el Parlamento autonómico (como ordena la ley) y ayer acudió a un notario. Algunos palmeros mediáticos celebran este “ejercicio de transparencia”, pero la única realidad es que su declaración sigue siendo secreta. Así que la pregunta surge obligada: ¿qué oculta Arenas?

    Son este tipo de actitudes oscurantistas las que alimentan el discurso antipolítico que tan peligrosamente se está extendiendo en España. No es cierto que los políticos cobren sueldos de escándalo. La inmensa mayoría tiene unos ingresos razonables. Y así debe ser, porque la idea de convertirlos en mileuristas tendría una consecuencia inmediata: la política se convertiría en un refugio exclusivo de millonarios. Por tanto, sueldos dignos sí, pero con transparencia máxima. Los ciudadanos tienen derecho a saber de dónde procede hasta el último céntimo que ingresa un político.

    “El que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer”. La frase la pronunció el martes la dirigente del PP de Asturias, Isabel Pérez-Espinosa, para explicar por qué colgaba en internet su declaración de patrimonio. Arenas debería tomar ejemplo de su compañera de partido y aclarar de forma inmediata cuáles son todos sus emolumentos. Y debe ser especialmente detallista a la hora de informar sobre los ingresos que recibe como vicesecretario general del PP.

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  • 04 Jul 2011

    Medidas preventivas

    La SGAE emitió ayer un comunicado pidiendo que se respete la presunción de inocencia de sus dirigentes, “puestos en libertad sin ninguna medida preventiva”. Por supuesto que, como ocurre con cualquier otro imputado, Teddy Bautista y el resto de la cúpula de la SGAE deben ser tratados de acuerdo con su situación procesal: personas sospechosas de haber cometido delitos, pero sin que los indicios estén de momento probados. Eso sí, estaría bien que además de reclamar la presunción de inocencia para los suyos, la SGAE aplicara la presunción de veracidad en sus comunicados: afirmar que no se han adoptado medidas preventivas contras los detenidos, cuando el juez les ha retirado el pasaporte, no contribuye precisamente a mejorar la credibilidad de la Sociedad de Autores.

    Claro que, hablando de medidas preventivas, hay dos que Teddy Bautista debería adoptar sin mayor dilación. La primera, dimitir de forma provisional. La segunda, ofrecer explicaciones públicas detalladas sobre su actuación. La dimisión no implica ninguna aceptación de culpabilidad, y en caso de que su inocencia quede demostrada, debería poder regresar al cargo sin problemas. Pero no es aceptable que el presidente de una organización como la SGAE, que en parte se nutre de fondos procedentes de un canon aprobado por el Gobierno, se encuentre bajo sospecha de haber cometido graves delitos.

    Por último, el Ministerio de Cultura debería anunciar hoy mismo la apertura de una investigación oficial para saber qué ha ocurrido con los cuantiosos fondos manejados por la Sociedad de Autores.

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