Trinchera Digital

• 26 Sep 2010

  Propuestas no le faltan

  El Gobierno confía en que nadie gane la huelga general y los sindicatos se conforman con que nadie pierda el 29-S. Y es que se trata de la primera convocatoria de paro en que las partes no buscan partirle el espinazo al rival. Algo razonable si tenemos en cuenta que la derecha está a la espera fumándose un puro, con la idea de enterrar al Gobierno si triunfa la huelga o defenestrar a los sindicatos si fracasa la movilización.

  En este contexto hay que entender el discurso pronunciado ayer por Zapatero. Por una parte, defendió el derecho a la huelga, se mostró comprensivo con los sindicatos y les ofreció diálogo tras el 29-S. Por otro lado, aseguró que es su obligación como gobernante impulsar la reforma del mercado laboral, porque el Ejecutivo “tiene el deber de intentar cambiar las cosas para que se genere empleo”. La única pieza que no encajaba en ese discurso de mano tendida fue la petición de “propuestas” a las centrales sindicales. Propuestas alternativas a las que ha impulsado durante los últimos cuatro meses no le faltan al presidente, porque las ha recibido de los sindicatos en la mesa de negociación, de la izquierda minoritaria en el Congreso y de intelectuales progresistas a través de documentos y manifiestos. Otra cosa es que no le gusten o que las considere desacertadas.

  En lo que no cabe llevarle la contraria a Zapatero es en su denuncia de que el PP evita “mojarse” en cualquier tema y está obsesionado con “dañar” al Gobierno, aunque ello merme el prestigio de España en el exterior y perjudique a la mayoría de los ciudadanos.

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• 25 Sep 2010

  Las cosas siguen moviéndose en Euskadi

  Es evidente que el único comunicado verdaderamente relevante de ETA es uno que anuncie el adiós a las armas. Pero un conflicto como el que ha vivido Euskadi durante 50 años, con una organización terrorista que ha contado con un significativo respaldo social, no se soluciona de un día para otro.

  Ayer se produjeron dos noticias en el País Vasco. ETA aseguró estar dispuesta a plantear “un alto el fuego permanente y verificable”, e incluso “a ir más lejos”. La declaración se conoció sólo una hora después de que Batasuna, EA y Aralar firmasen un documento donde reclaman a la banda armada “un abandono definitivo de las armas”. El hecho servirá a algunos para denunciar que la izquierda abertzale y ETA siguen actuando de forma coordinada. Pero lo importante no es la coordinación, sino hacia dónde se dirigen. Si ese lugar es la estación término del terrorismo, más que un problema, es una ventaja que los pasos vayan acompasados.

  No debería minusvalorarse el hecho de que Aralar se haya sumado a la declaración de Gernika. No hay nadie que haya deslegitimado el discurso de la violencia entre las propias bases de Batasuna como
  Patxi Zabaleta y su formación. La mera existencia de Aralar es la mejor prueba de que en el País Vasco se puede defender la independencia sin atentar contra los derechos humanos. Zabaleta conoce perfectamente el mundo abertzale, así que cabe suponer que su decisión responde al convencimiento de que la apuesta de Batasuna por el final del terrorismo es irreversible.

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• 24 Sep 2010

  El dilema de Benidorm

  La dificultad de elegir entre la utilidad y los principios es una reflexión clásica en la historia del pensamiento moral, pero fue Max Weber quien definió mejor el dilema al enfrentar la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Puede sonar a aburrida jerga de filósofos, pero los asuntos humanos se mueven a diario en ese terreno pantanoso. En el PSOE, por ejemplo, deben elegir entre una u otra ética en el asunto de Benidorm.

  Quienes se inclinan por la ética de la responsabilidad defienden que es perfectamente legítimo presentar como candidato en las próximas elecciones municipales a Agustín Navarro, pese a que es un tránsfuga certificado y aunque todos los dirigentes del partido aseguraron que no volvería a las listas del PSOE. Su argumento es que ser tránsfuga es una circunstancia secundaria que debe ceder ante el hecho de que Navarro es el político más capaz para dirigir el futuro de Benidorm. No se puede permitir que la localidad alicantina sufra el daño de volver a estar gobernada por el PP, razonan desde la ética de la responsabilidad, así que el fin de tener un buen alcalde justifica los medios tránsfugas empleados.

  Por contra, quienes se apoyan en la ética de la convicción sostienen que Navarro no puede ser el candidato bajo ningún concepto. De acuerdo con su pensamiento, hay acciones intrínsecamente malas, con independencia de sus efectos, y entre ellas está pactar con un político tránsfuga, que al fin y al cabo lo es por violar el compromiso adquirido con sus votantes.

  Está fuera de toda discusión que si un partido suscribe algo llamado Pacto Antitransfuguismo es porque cree en la ética de la convicción, ya que para anteponer el éxito a los principios no hace falta firmar ningún pacto. O, claro está, porque pretende simular esa creencia. En el caso del PP no hay duda: ha violado el Pacto Antitransfuguismo en decenas de ocasiones, en múltiples lugares, con las disculpas más insospechadas. Claro que sólo alguien en estado de extrema embriaguez puede plantearse cuestiones sobre la ética de las actuaciones de Rajoy, mientras su alegre pandilla siga amparando a corruptos de todo pelaje y persiguiendo a los policías, fiscales y jueces que cumplen honestamente su trabajo. ¿Pero qué pasa con el PSOE?

  Pues lo que ocurre es que muchos dirigentes socialistas sienten un profundo malestar ante la candidatura del tránsfuga de Benidorm, pero de momento sólo Manuel Chaves ha considerado oportuno expresarlo en público. No es casual. Chaves es el presidente de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo; o sea, quien expidió el certificado de tránsfuga a Agustín Navarro. Pero también es presidente del PSOE, y como tal se sienta en la ejecutiva y en el comité federal del partido, órganos que deben avalar la candidatura de Benidorm. Todo un papelón.

  Quienes aseguran conocerlo bien están convencidos de que “Manolo no se va a quedar cruzado de brazos. Y otros dirigentes tampoco”. Habrá que estar atentos. Y es que el PSOE se juega otro jirón en su credibilidad.

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• 22 Sep 2010

  Camps intenta presentar candidato a las primarias

  Antoni Asunción era el ex ministro del Interior que decidió dimitir tras la huida del corrupto Luis Roldán. A partir de ahora, Antoni Asunción será el político que montó una oscura maniobra contra su propio partido en el País Valencià. Como en dicha operación lo primero que ha sacrificado es su dignidad, cabe imaginar que tiene poderosas razones para prestarse a trabajar de quintacolumnista de Francisco Camps.

  Tras su repentino regreso a la vida política, lo primero que hizo Antoni Asunción fue defender un discurso de blanqueo de la corrupción, asegurando que la dirección de su partido se confundía al hacer de “fiscal” en el caso Gürtel. Después, en un ejemplo de cómo entiende el concepto de transparencia, se negó a aclarar cuáles son sus relaciones comerciales con el Banco de Valencia, entidad gestionada por personas afines al PP. Y, por último, ha intentado hacer trampas para convertirse en candidato a las primarias mediante avales falsos.

  Es difícil recordar a un personaje que en el breve plazo de tres semanas haya logrado mostrarse ante la sociedad como alguien que justifica la corrupción, que rechaza la transparencia y que intenta lograr sus objetivos con trucos de trilero. Claro que su comportamiento resulta más fácil de explicar al conocer que la Generalitar ha obsequiado a su empresa con millonarias subvenciones durante los últimos años.

  Francisco Camps ha intentado presentar un candidato propio a las primarias socialistas. Era una idea audaz, pero ha sido ejecutada con tan poca inteligencia que ha fracasado.

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• 22 Sep 2010

  El ejemplo de las primarias y el bochorno del tránsfuga

  Las primarias del PSOE iniciaron ayer su fase decisiva, al finalizar el periodo para la presentación de avales por parte de los dirigentes que aspiran a convertirse en candidatos autonómicos o municipales. Al menos en cuatro comunidades y en nueve municipios, los militantes socialistas podrán elegir a la persona que consideran más adecuada para encabezar las listas, en un ejercicio de democracia interna que debería ser la norma y no la excepción en los partidos políticos.

  Los focos mediáticos están centrados en Madrid por el desafío que Tomás Gómez planteó a la dirección federal del PSOE, que prefería a Trinidad Jiménez como candidata. El hecho de que ambos aspirantes hayan reunido más de 6.000 avales es el ejemplo más elocuente de la movilización que se ha producido en las filas de un PSM que llevaba años en estado de letargo. Sólo por esta circunstancia, los socialistas ya pueden dar por bien empleada la batalla de Madrid.

  El proceso de primarias debería servir al PSOE para sacar pecho, y más teniendo en cuenta el espectáculo que está dando el PP en Asturias, donde andan a garrotazos a la espera de que el dedo del señor que fue puesto a dedo por Aznar decida si Cascos es el candidato. Sin embargo, los socialistas parecen dispuestos a emborronar su expediente con la decisión de aceptar a un tránsfuga para que encabece la lista del partido en Benidorm. Este acuerdo, aún no definitivo, es bochornoso y quita toda credibilidad al discurso del PSOE contra el transfuguismo.

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• 16 Sep 2010

  Atropellando a Reding

  Está fuera de toda duda que Viviane Reding no es la política más diplomática de la Unión Europea. Su comparación de las actuales expulsiones de gitanos en Francia con las deportaciones realizadas por los nazis durante la II Guerra Mundial fue totalmente desafortunada. Y no es la primera vez que se le calienta la boca a la comisaria de Justicia. Pero de ahí a la paliza dialéctica que recibió ayer de los principales dirigentes europeos, incluido Zapatero, media un abismo. Y es que un observador de lo ocurrido ayer en Bruselas podría concluir que es Reding, y no Sarkozy, quien dictó órdenes de expulsión que casan mal con los derechos humanos.

  Francia sostiene que todas las decisiones adoptadas se ajustan a la legalidad europea. Es cierto que la libre circulación de personas en la UE no es ilimitada, ya que la legislación establece excepciones para evitar que los residentes extranjeros “se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida”. En este caso, el ciudadano podrá ser expulsado, pero siempre que se demuestre de forma individual que es una “carga” social.

  Y aquí está la clave de la cuestión, ya que parece indudable que las recientes expulsiones de inmigrantes de Francia no se han producido tras un estudio individual de cada caso, sino dando prioridad a la deportación de gitanos rumanos. Así consta en una circular del Gobierno francés, cuyo conocimiento despertó la indignación de Reding, al sentirse engañada por Sarkozy. Una historia que no se merece un final donde la atropellada sea la lenguaraz Viviane Reding.

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• 13 Sep 2010

  Una vergüenza de empresario

  Puede que sea ingenuo exigir a los dirigentes de las organizaciones políticas, empresariales o sindicales que sus actuaciones sean ejemplares. Pero seguro que se les puede pedir que no se conviertan en modelos de indignidad. Una petición que a veces cae en saco roto. Ahí está Francisco Camps, político nada honorable amarrado a una poltrona rodeada por el Código Penal. Y ahí está Gerardo Díaz Ferrán, empresario que castiga a sus trabajadores y saquea las arcas públicas.

  Cuando los empresarios eligieron a Díaz Ferrán como su presidente, seguramente no sabían en qué personaje estaban delegando su máxima representación. Cuando los militantes del PP valenciano decidieron encumbrar a Francisco Camps, probablemente no sabían a qué individuo estaban otorgando su confianza. Así que podrían declararse víctimas de un engaño. Pero ahora ya no pueden alegar desconocimiento, porque las pruebas sobre sus comportamientos éticamente rechazables y presuntamente delictivos se acumulan en los tribunales. Por tanto, seguir amparando a estas alturas a Camps o a Díaz Ferrán equivale a convertirse en cómplice moral de sus fechorías.

  Los dirigentes de la CEOE tendrán esta semana una nueva oportunidad para deshacerse de su presidente. Ya han desaprovechado varias, quizá porque hay demasiada gente empeñada en que la realidad supere al arte. O, aplicado a este caso, empeñados en que la conducta del jefe de la patronal supere a los vídeos de Chikilicuatre denunciando algunos desmanes empresariales.

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• 11 Sep 2010

  El camino de una generación

  El día que anunció que las elecciones catalanas se celebrarán el 28 de noviembre, José Montilla aseguró en tono solemne que el resultado de los comicios marcará el camino a seguir “a toda una generación”. En realidad, en política, las elecciones más importantes siempre son las próximas. Pero no le falta razón al president cuando pide a los catalanes que sean “conscientes del momento extraordinariamente importante” que les toca vivir.

  Ese momento está definido, al menos, por cuatro circunstancias: la bofetada que el Tribunal Constitucional arreó a la sociedad catalana cercenando el Estatut que había aprobado en las urnas, el giro hacia posiciones soberanistas de CiU, la incapacidad del Gobierno tripartito para transmitir los indudables logros de su gestión y el desencanto con la política de buena parte del electorado. ¿Cuál será la resultante de todos esos componentes en juego? Las encuestas pronostican una mayoría amplia de CiU y un batacazo importante del PSC y de Esquerra. Pero lo cierto es que los sondeos no hilaron demasiado fino en las dos últimas autonómicas catalanas, en 2003 y 2006. Y, además, los socialistas y los republicanos tienen aún dos meses y medio para movilizar a su electorado.

  Tras siete años de debate político marcado por el tema identitario, Catalunya se dispone a revisar su encaje con España. La alternativa la ha planteado acertadamente el ministro Corbacho en los siguientes términos: o se apuesta por fortalecer la posición de Catalunya en España o se opta por desconectarla. Los electores tienen la palabra.

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• 10 Sep 2010

  Contra la legalidad vigente

  La derecha sigue atacando sin piedad la legalidad vigente. Y lo hace con la artillería intelectual del nacionalismo de botijo, una mezcla de se-sienten-coño y muera-la-inteligencia.

  El mantra del mes es que Zapatero se va a someter al “chantaje” del PNV para seguir en el poder. O, traducido al lenguaje parlamentario de Mariano Rajoy, no se deben “cambiar votos por transferencias”. Si el presidente del PP ejerciera de político, habría que recordarle que en 1996 estuvo varias jornadas firmando transferencias para Euskadi y Catalunya. Aquello sí que fue trabajar. Firma que te firma, venga a enviarle competencias al cura de la ETA y al enano que no hablaba castellano. A cambio de votos, claro. Pero hace tiempo que Rajoy no hace política, él es un humorista, un chistoso que tiene 50 medidas para salir de la crisis pero que, tachán-tachán, las va a ir contando a plazos.

  Pero que los árboles de la contradicción no impidan ver el bosque del ataque a las leyes. Lo que exige el PP es que no se cumpla el Estatuto de Gernika. Porque el único escándalo es que tres décadas después de la aprobación del Estatuto vasco aún queden más de 30 competencias sin transferir. Tres décadas, 11.000 días incumpliendo una norma que forma parte del llamado bloque de constitucionalidad. ¿Cómo es posible semejante cachondeo? Pues es posible porque, en lo tocante al Estado autonómico, lo que dice la ley importa un bledo.

  Hagamos memoria. El 28 de febrero de 1980 se celebró un referéndum en Andalucía. Para que Andalucía se pudiera constituir en autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, reservada a las nacionalidades históricas, la mayoría absoluta del censo electoral debía aprobarlo en las ocho provincias andaluzas. Pero resulta que en Almería sólo votó a favor de la iniciativa el 42,07% del censo. ¿Y qué se hizo? Pues se añadió un artículo a la ley, para adaptarla a posteriori a los resultados almerienses, y aquí paz y después gloria. ¿Dónde estaban los guardianes de la sacrosanta legalidad? Pues de vacaciones, afortunadamente, porque era impensable construir una España autonómica marginando a Andalucía.

  Sin embargo, cuando en el preámbulo del Estatut se describe un simple hecho, que la mayoría del Parlament definió a Catalunya como nación, se monta un aquelarre judicial para destrozar un texto estatutario que había sido aprobado por los catalanes en las urnas. Aprobado con los porcentajes fijados por la ley a priori, no a posteriori como en Almería.

  Con esta cultura política a las espaldas, a nadie le puede extrañar que Rajoy se plante en el Congreso y exija que no se cumpla con el Estatuto vasco, que se siga secuestrando las competencias que tenían que haber sido traspasadas hace décadas a Euskadi. Porque al líder (es un decir) del PP no le molesta que se cambien votos por transferencias. Le molesta que lo haga Zapatero ahora y no él en 2012. Cuando seguro que Rajoy ya está ensayando por las noches, firma que te firma, venga a enviar transferencias para las gentes de más allá del Ebro. Y recibiendo alguna lección de catalán para la intimidad, claro.

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• 09 Sep 2010

  Causa general contra el juez Garzón

  Es asombroso el empeño que están poniendo varios magistrados del Tribunal Supremo en investigar al juez Baltasar Garzón. Seguro que se trata de personas de natural laborioso, que han aplicado el mismo esfuerzo en todas las causas que han caído en sus manos. Y es muy probable que se trate además de seres de imparcialidad sin mácula, que jamás se dejarían llevar por sus envidias, celos o cuentas pendientes con el imputado.

  Que esos magistrados del Supremo sean trabajadores y ecuánimes no impide que a veces dicten resoluciones que provocan sorpresa. Por ejemplo, la adoptada ayer por Manuel Marchena: para saber con exactidud cuánto le pagó la Universidad de Nueva York a Baltasar Garzón, resulta que ordena a la Guardia Civil fiscalizar todas “las cuentas corrientes, depósitos bancarios, declaraciones tributarias y participación en sociedades civiles o mercantiles” del imputado y elaborar un informe de “todos los ingresos que haya podido recibir”. O sea, que del caso de los cobros de la Universidad de Nueva York hemos pasado a la causa general sobre las finanzas de Garzón.

  Bien pensado, quizá sería interesante que cundiera el ejemplo. Los ciudadanos agradeceríamos que alguna instancia imparcial investigase todos los ingresos recibidos por los magistrados del Supremo, sin olvidarse de comprobar si participan en alguna sociedad civil o mercantil. ¿O es que las causas generales sólo se pueden abrir en este país contra aquellos jueces que cometan la enorme osadía de destapar la corrupción de la Gürtel e investigar los crímenes del franquismo?

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