Hay que decirlo con claridad: la Fiscalía está actuando muy mal en el asunto de las falsas escuchas. Su pasividad es injustificable. Cualquier ciudadano que sepa leer (y en ese grupo se encuadran la mayoría de los fiscales) habrá llegado a la conclusión de que hay indicios para investigar a María Dolores de Cospedal por la comisión de un presunto delito.
Los hechos son conocidos. La secretaria general del PP acusó al Gobierno de pinchar de forma ilegal los teléfonos de dirigentes de su partido. Pero luego no aportó ninguna prueba que soportase su grave denuncia. Así que, con el Código Penal en la mano, no hay duda: Cospedal cometió presuntamente un delito de calumnia, definido como “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”.
No hace falta haber estudiado en Harvard para saber que la Fiscalía no actúa por razones políticas, porque tiene miedo al escándalo mediático que montaría el PP. Pero ello supone aceptar que algunos políticos tienen patente de corso para actuar como les dé la gana. Y, a su vez, la Fiscalía estaría incurriendo en otra infracción del Código Penal, ya que su artículo 408 castiga “a la autoridad o funcionario que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia”.

Suscríbete por email!



