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  • 26 Ago 2009

    O la Fiscalía actúa contra Cospedal o comete delito

    Hay que decirlo con claridad: la Fiscalía está actuando muy mal en el asunto de las falsas escuchas. Su pasividad es injustificable. Cualquier ciudadano que sepa leer (y en ese grupo se encuadran la mayoría de los fiscales) habrá llegado a la conclusión de que hay indicios para investigar a María Dolores de Cospedal por la comisión de un presunto delito.

    Los hechos son conocidos. La secretaria general del PP acusó al Gobierno de pinchar de forma ilegal los teléfonos de dirigentes de su partido. Pero luego no aportó ninguna prueba que soportase su grave denuncia. Así que, con el Código Penal en la mano, no hay duda: Cospedal cometió presuntamente un delito de calumnia, definido como “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”.

    No hace falta haber estudiado en Harvard para saber que la Fiscalía no actúa por razones políticas, porque tiene miedo al escándalo mediático que montaría el PP. Pero ello supone aceptar que algunos políticos tienen patente de corso para actuar como les dé la gana. Y, a su vez, la Fiscalía estaría incurriendo en otra infracción del Código Penal, ya que su artículo 408 castiga “a la autoridad o funcionario que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia”.

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  • 25 Ago 2009

    El PP intenta crear un espacio de impunidad

    Si lo que oculta la teoría de la persecución del PP no fuese tan grave, podría hacerse alguna broma sobre el papel que la política ha reservado al pobre Mariano. No resulta difícil imaginarlo como un nuevo Leonard Zelig, aquel personaje de Woody Allen que tenía la capacidad camaleónica de adaptarse a su interlocutor: si estaba con rabinos, rápidamente le crecía barba y hablaba hebreo; si se reunía con una psiquiatra, disertaba con autoridad sobre las teorías freudianas… De igual forma, el pobre Mariano parece carecer de toda personalidad: después de conversar con Acebes y Pedro J. se pone a buscar alocadamente agujeros negros del 11-M; tras escuchar a Arriola se transforma en el hombre moderado que va a centrar finalmente a la derecha cavernícola; una charla playera con Cospedal lo convierte en agitador antisistema con síndrome de persecución.

    Pero la campaña del PP no es para tomársela a broma porque lo que oculta es un poderoso ataque contra las instituciones democráticas. Lo que el PP intenta es crear un espacio de impunidad para sus dirigentes, de forma que no tengan castigo penal actuaciones que, si las cometiese cualquier otro ciudadano, serían delictivas. Ese derecho penal de autor para los militantes del PP impediría sentarlos en el banquillo por cohecho, les permitiría calumniar alegremente al adversario e incluso les eximiría de la obligación de denunciar ante los jueces las pruebas de presuntos delitos.

    La creación de ese espacio de impunidad es el fin último del PP, un objetivo suficientemente ambicioso como para no ahorrar en medios, y quizá por eso sus dirigentes amenazan y tratan de amedrentar a los jueces, fiscales, policías y periodistas que se cruzan en su camino.

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