Puede que sea cierto que la Ley de Libertad Religiosa “es un proyecto para la primera mitad de una legislatura”, cuando la tensión política debería ser menor, aunque la realidad es que la oposición del dúo Aznar-Rajoy ha sido ultramontana desde el 15 de marzo de 2004. En todo caso, es responsabilidad del Gobierno no haber presentado la iniciativa en el Parlamento en 2009. Tampoco parece razonable escudarse en la falta de apoyos parlamentarios, ya que el Ejecutivo sabe que la izquierda respaldaría un texto que no estuviera descafeinado.

El resultado es que la neutralidad religiosa del Estado seguirá siendo una entelequia y que una importante promesa electoral del PSOE quedará sepultada.

“Cuando la misión en Afganistán cumpla sus objetivos, el mundo será mejor, y eso no tiene precio”, argumenta convincente Antonio Estella, experto en asuntos internacionales de la Fundación Ideas. El único problema es que, a estas alturas, no está claro si los objetivos se podrán alcanzar algún día. Es más, el anuncio de Obama de retirar las tropas de EEUU en 2011, parece acercar un horizonte con el peor de los escenarios posibles: un país donde los talibanes tienen enorme fuerza y donde no está descartado su regreso al poder, con lo que ello significaría de retroceso para los derechos humanos, y especialmente para la vida y la dignidad de las mujeres.

Lo que está en juego en Afganistán es demasiado importante como para despacharlo con un debate semántico sobre si aquello es una guerra o una misión de paz. Esa parece ser la principal preocupación de algunos líderes de la derecha, que repiten cansinos el mantra de que el Gobierno tiene que reconocer que allí hay una guerra. ¡Como si no lo hubiera hecho ya! El viernes, de nuevo, la ministra Carme Chacón explicó que las tropas “están trabajando cada día en un escenario de violencia, de conflicto y de guerra”.  Pero hay algunos políticos que, además de ciegos ante la corrupción, son sordos ante la verdad.

Hay que darle la razón. Y dado que la coherencia es una constante en la vida política de Rajoy, parece lógico prever cambios revolucionarios en el programa del PP, que hasta ahora se empeñaba en prohibir el burka, en prohibir determinadas huelgas o en prohibir el derecho de autodeterminación, por poner sólo tres ejemplos escogidos al azar.

Mientras el PP renueva y adapta todo su corpus ideológico al novísimo decreto del “prohibido prohibir”, sería interesante que sus líderes fueran dando ya algunos pasos en esa dirección. Así, sería imposible que un dirigente presentara un “plan global con ocho grandes reformas” y no detallara ninguna de ellas. O sería impensable que un político prometiese como receta mágica para España la bajada de impuestos, justo cuando los gobiernos europeos se dedican a subirlos y a eliminar deducciones fiscales para luchar mejor contra el déficit. O sería inimaginable que el presidente de un partido se dedicara a proteger a dirigentes autonómicos corruptos que entregan a sus amiguitos del alma el dinero de los contribuyentes. Todas esas actuaciones caerían bajo la prohibición de prohibir la honestidad con los electores.

El mayor problema de la hoja de ruta de Batasuna, como admiten sus principales dirigentes, es que el bombazo de la T-4 dejó a la izquierda abertzale con un claro déficit de credibilidad. Y para recuperarla sólo sirven los hechos, ya no bastan las buenas palabras. Desde luego hay hechos positivos, como el resultado del debate interno que respaldó claramente la apuesta por las vías democráticas o que Batasuna se haya desmarcado de los últimos actos de kale borroka. Pero, por contra, ha evitado condenar los actos de violencia callejera, lo que alimenta las dudas de quienes ven a la izquierda abertzale incapaz de librarse de la tutela de ETA.

En todo caso, parece evidente que en Batasuna hay un movimiento decidido en favor del final del terrorismo, y el Gobierno debe estar atento para adoptar todas las decisiones que ayuden a consolidar esa vía pacífica y también aquellas que debiliten a la minoría que sigue apostando por la violencia. Los socialistas deben mostrarse firmes en el trato con la izquierda abertzale, pero ello no significa instalarse en el inmovilismo que defiende cierta derecha cuyo objetivo no es que llegue la ansiada paz a Euskadi, sino que el Gobierno de Zapatero no pueda anotarse ningún tanto.

El héroe de Perejil se retrató perfectamente en su intervención ante la prensa, dejó al desnudo su actual estructura mental. “No he venido a Melilla a criticar a nadie”, dijo unos segundos antes de cargar contra el Gobierno de Zapatero, al que acusó de permitir que los ciudadanos de la ciudad autónoma vivan “entre el acoso y la dejadez”.

El héroe de Perejil no tuvo ni siquiera el detalle de informar al Ejecutivo de su periplo por Melilla, algo que demuestra hasta dónde llega su deslealtad. En este sentido, es censurable que tampoco el PP considerase necesario informar al Gobierno, a pesar de que Rajoy estaba supuestamente al tanto del viaje.

“Si un hombre comienza por permitirse un asesinato, muy pronto quita importancia al robo, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del señor, y acaba por faltar a la buena educación”, escribió Thomas de Quincey. Pues eso. Se empieza mintiendo sobre la autoría de la masacre del 11-M y se termina desembarcando en Melilla.

Si los socialistas logran superar el riesgo de la división, las primarias resultarán muy beneficiosas para el ganador. En el caso de que se imponga Tomás Gómez, porque habrá dejado de ser un político semidesconocido y podrá explotar la imagen de rebelde con causa que es capaz de enfrentarse al mismísimo presidente del Gobierno. Y si vence Trinidad Jiménez, la ministra habrá legitimado una candidatura impulsada desde las alturas con el respaldo de la militancia de base.

Las primarias del PSOE tienen además desconcertado al PP, cuya reacción más notoria han sido los comentarios de chiringuito playero de Esteban González Pons (probablemente el político de Europa Occidental que es capaz de expresar más ideas disparatadas en menos tiempo). Y todo ello mientras defiende a Francisco Camps, ese señor censurado por el Constitucional y “amiguito del alma” de presuntos delincuentes que le compran la ropa. ¡Qué valor!

En un reciente informe, la Comisión Europea califica como “infundadas” las políticas fiscales ejecutadas en España entre 1995 y 2007, que destacaron por la reducción de impuestos a los más ricos (bajada del tipo máximo del IRPF del 56 al 43%, eliminación del Impuesto de Patrimonio …). Es sabido que la Comisión Europea no es un nido de marxistas, así que su declaración debería tener especial valor. Lo único que sorprende es que realice ahora esta confesión, ya que habitualmente se dedica a alentar las políticas neoliberales clásicas.

Los impuestos no pueden ahogar a los empresarios y a los trabajadores, pero es imprescindible que el Estado recaude lo necesario para tener una hucha repleta, que le permita dedicar esos fondos a políticas sociales y redistributivas. Y, como es lógico, el dinero de esa hucha debe proceder básicamente de los bolsillos que más tienen.

La sentencia del TC es una enorme bofetada democrática en la cara de Francisco Camps. Otra más. Si estuviéramos hablando de un escenario político normal, el escándalo en el País Valencià tendría que ser mayúsculo, porque uno de los rasgos de un régimen autoritario es precisamente anular al Poder Legislativo y subordinarlo a los intereses del Poder Ejecutivo.

Pero no estamos ante un escenario normal. A un presidente como Camps que considera “amiguito del alma” a un corrupto apodado El Bigotes, que se viste con los trajes regalados por una trama de presuntos delincuentes y que recurre a un juez “más que amigo” para que lo absuelva de sus fechorías, a un político con ese expediente probablemente le da igual que el Constitucional lo acuse de violar los derechos de los diputados. Claro que tampoco parece importar demasiado el asunto a la dirección nacional del PP, ya que tras el varapalo del TC nadie del equipo de Rajoy ha salido a pedir disculpas a los ciudadanos y a anunciar que alguien como Camps no los representa. ¿O sí?

Pues bien, ante estos hechos, los principales cerebros del PP de Madrid han ideado la siguiente estrategia de defensa: Esperanza Aguirre nada tiene que ver con la financiación ilegal de las campañas que llevaron a Esperanza Aguirre a la Presidencia de Madrid ni con la circunstancia de que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicase contratos millonarios a los empresarios que entregaron fondos a la fundación que pagó irregularmente gastos electorales de Esperanza Aguirre.

¿Y cómo sostienen esos cerebros principales su brillante tesis? Pues alegan que el presidente del PP de Madrid en 2003 era Pío García-Escudero. “Que pregunten a Pío, Pío, Pío”, respondió Aguirre cuando le preguntaron por las irregularidades, con una actitud que deja muy clara su estatura moral, al culpar de los hechos a uno de los compañeros de partido que más trabajó para que ella ganara las elecciones.

Claro que los cerebros del PP de Madrid olvidan que las campañas financiadas irregularmente fueron las de Aguirre, que Aguirre presidió luego Fundescam y ocultó las irregularidades, que Aguirre adjudicó contratos a los financiadores de Fundescam y que tras conocerse el escándalo Aguirre nada ha hecho para aclarar este caso de corrupción.

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, se ha negado a facilitar las grabaciones a los organismos deportivos con el argumento de que ello podría vulnerar “derechos fundamentales a la intimidad personal” de Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules. Los magistrados deben ser absolutamente escrupulosos a la hora de garantizar que el secreto de las comunicaciones sólo se viola con razón justificada, pero De la Fuente seguro que no desconoce su obligación de colaborar con las administraciones públicas en el esclarecimiento de presuntas irregularidades.

Con o sin cintas incriminatorias, los organismos deportivos deben agotar todos sus recursos para llegar al fondo de la cuestión. Esa parece ser la actitud del Consejo Superior de Deportes, que al igual que ha realizado una loable labor contra el submundo del dopaje, tiene ahora la posibilidad de limpiar el embarrado terreno del amaño de partidos. Lo contrario sería permitir que una sombra de duda oscureciese la competición de un deporte que apasiona a millones de ciudadanos.