Jaume Matas, ex presidente de Baleares y estrecho colaborador de Aznar (ese hombrecillo), era una persona extraordinariamente generosa con el dinero. En concreto, con el dinero de los contribuyentes de las islas. Así se explica que autorizase el pago de 8,5 millones de euros a los arquitectos del Palma Arena. La adjudicación se realizó a dedo y permitía gastar el dinero en “cualquier actuación”. No es extraño que la Fiscalía sospeche que parte de la pasta se utilizó para pagar la campaña electoral del PP balear. Lo cuenta El Mundo:
El Govern que presidía el popular Jaume Matas asignó a dedo la dirección técnica de la obra del velódromo de Palma, pagó 8,5 millones a los arquitectos, les encargó cometidos ajenos a su especialidad -tales como la promoción y la publicidad del recinto- y les facultó por contrato a emplear gran parte de este dinero con total discrecionalidad.
«En cualquier actuación que durante la ejecución de la obra se deba llevar a cabo», precisa el documento sobre el que gira en estos momentos la investigación judicial que llevan a cabo la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.
El proceso intenta determinar las causas y el destino final del desfase presupuestario del bautizado como Palma Arena: un recinto deportivo que fue concebido inicialmente con un coste de 48 millones de euros para albergar el Mundial de Ciclismo en Pista, pero cuya ejecución acabó ascendiendo a 110 millones, que salieron de las arcas públicas.
Uno de los elementos más destacados del engorde del presupuesto pasó por la contratación, sin concurso público y «con carácter de urgencia», de los arquitectos mallorquines Jaime y Luis García-Ruiz, a los que se entregó un total de 8,5 millones de euros en concepto de «dirección técnica de la obra». Esta asignación, además, se produjo después de que el proyecto hubiera sido previamente realizado por el que está considerado mundialmente como el máximo experto en velódromos, el alemán Ralph Schürmann, del que el Govern del PP acabó prescindiendo cuando las obras estaban en marcha, bajo acusaciones de incumplimiento de contrato.
El consorcio para la construcción del Palma, presidido por el PP, encargó a los hermanos García-Ruiz, conjuntamente con la dirección de la obra, la ejecución de una serie de elementos como la pista del velódromo y el pago a determinados proveedores. El contrato, según Anticorrupción, supuso un subterfugio urdido por los populares para realizar contrataciones discrecionales eludiendo la concurrencia pública.
Los arquitectos -a los que el PP balear había recurrido antes para diseñar su sede- se hicieron cargo de la «coordinación de las presentaciones, los vídeos y los stands» de la prueba ciclista. Para ello, emplearon un total de medio millón de euros en contratar a varias empresas, que fueron las mismas que posteriormente realizaron la campaña electoral del PP de Baleares en los pasados comicios autonómicos y municipales.

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